Introducción

Con el aumento de la movilidad y de las migraciones entre los países de la Unión Europea, se produce un aumento proporcional del volumen de interrelaciones de todo tipo (ya sean mercantiles, jurídicas, académicas o personales) entre ciudadanos de distintas nacionalidades, culturas y lenguas Esto da lugar, a su vez, a una gran variedad de situaciones que requieren servicios de traducción e interpretación. Y puesto que muchas de estas situaciones han de ser resueltas por algún organismo público (generalmente, un órgano jurisdiccional), es habitual exigir una traducción oficial de los documentos escritos originalmente en una lengua distinta.

La traducción oficial da fe de los hechos en los procedimientos administrativos o judiciales y garantiza el reconocimiento de los documentos jurídicos procedentes de un país extranjero, permitiendo así la aplicación de la legislación nacional a los ciudadanos extranjeros (Derecho internacional privado).

Los servicios de traducción oficiales están organizados de formas distintas en los Estados miembros de la Unión Europea, en los que existe una gran variedad de estructuras profesionales (sistemas y prácticas heterogéneos). Por ejemplo, en el Reino Unido e Irlanda esta profesión carece de regulación, mientras que en países como España o Grecia la profesión de traductor jurado está sujeta a distintas condiciones de acceso y de ejercicio en materia de reglamentación, honorarios y certificación.

¿Qué es un traductor jurídico?

El traductor elabora un documento escrito vertiendo un texto de una lengua a otra. El traductor jurídico no solo debe dominar los conceptos básicos y la terminología del Derecho, sino también del ámbito al que este se aplica. La traducción jurídica es un elemento esencial de la comunicación multilingüe, en la medida en que permite a las personas, empresas y organismos de la administración pública comunicarse y superar las fronteras idiomáticas y culturales dentro y fuera de las fronteras estatales. La traducción jurídica requiere el conocimiento de la terminología especializada y de las convenciones lingüísticas utilizadas en los documentos de tipo similar. Al formar parte del equipo jurídico y estar en contacto con expertos en Derecho, el traductor jurídico le ayudará a comprender los detalles de su caso particular y la terminología jurídica utilizada. Sus conocimientos del ordenamiento u ordenamientos jurídicos y de los procedimientos aplicables le capacitan para prestar una ayuda eficaz en las actuaciones judiciales.

Las normas profesionales relativas a la competencia lingüística, la experiencia en traducción y el conocimiento de los sistemas, procesos, terminología y convenciones aplicables a cada caso particular son de la mayor importancia al buscar un traductor jurídico.

¿Qué es un intérprete jurídico?

El intérprete presta un servicio lingüístico oral, utilizando distintas formas de interpretación de una lengua a otra (simultánea, consecutiva, o interpretación en voz baja). Los intérpretes jurídicos son especialistas que actúan principalmente con los profesionales del Derecho en ámbitos jurídicos como los juicios, declaraciones judiciales, audiencias, mediaciones, arbitrajes, reuniones con clientes, etc. Se trata de expertos que le ayudarán a comunicarse con las otras partes implicadas en los procesos transfronterizos.

Traductor/Intérprete jurado

Los traductores/intérpretes jurados están facultados para traducir documentos oficiales (certificados de matrimonio, de escolaridad, títulos universitarios, demandas judiciales, sentencias, etc.) y asimismo para actuar como intérpretes ante los tribunales (p.ej., en las declaraciones de las partes o de los testigos), en las comisarías de policía (durante los interrogatorios o a raíz de una detención) o ante los organismos de la Administración (como en el caso de las inspecciones aduaneras). Pueden poner un sello oficial en sus traducciones, al objeto de certificarlas.

Los traductores/intérpretes jurados tienen normalmente un título universitario en su lengua o lenguas de trabajo y poseen una serie de competencias relacionadas con la traducción e interpretación, aunque los requisitos varían de un Estado miembro a otro.

La mayor parte de los Estados miembros disponen de un sistema de selección y nombramiento. Por lo general, los traductores jurados también están autorizados para actuar como intérpretes de los tribunales. Los distintos países utilizan denominaciones oficiales diferentes para referirse a ellos.

¿Cómo puede encontrar un traductor/intérprete?

Actualmente es posible encontrar un traductor o intérprete jurídico consultando las bases de datos nacionales de traductores y/o intérpretes.  Sin embargo, estas bases de datos no existen en todos los países. En ocasiones, el sitio web del Ministerio de Justicia o de los altos tribunales ofrece un enlace a los registros oficiales o semioficiales de traductores/intérpretes cualificados.

En materia penal, la Directiva 2010/64/UE emplaza a los Estados miembros a establecer dicho registro antes del 27 de octubre de 2013, plazo fijado para la incorporación de la Directiva al Derecho interno. En virtud de esta Directiva, los Estados miembros deben instaurar un procedimiento o mecanismo para determinar si los sospechosos o acusados precisan la asistencia de un intérprete o de un traductor, y compete los Estados miembros ofrecerles interpretación sin demora. Debe proporcionarse la traducción escrita de los documentos esenciales para salvaguardar el ejercicio del derecho de defensa; excepcionalmente puede proporcionarse una traducción o un resumen oral de dichos documentos, a condición de que no perjudiquen la equidad del proceso. Los Estados miembros correrán con los gastos de interpretación y traducción, con independencia del resultado del proceso.

Para obtener más información, por ejemplo, sobre:

• el organismo que alberga la correspondiente base de datos nacional;
• las normas aplicables a la utilización de traductores e intérpretes;
• sus respectivas zonas geográficas de competencia;
• su formación y cualificaciones;
• sus tarifas, y
• los sistemas de garantía y procedimientos en caso de reclamación,

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